Inclusión y justicia transicional (1)

por Erich Luna

He comprado hace muy poco el último libro de mi amigo Gonzalo Gamio: Tiempo de memoria. Reflexiones sobre derechos humanos y justicia transicional. Semanalmente intentaré ir escribiendo algunas entradas sobre los diversos ensayos que componen el libro, con el fin de presentarlos y discutirlos. Creo que por la importancia coyuntural e histórica de la violencia política, este tipo de textos deben ser leídos.

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El primer ensayo se titula: “La política de la inclusión. Justicia transicional, espacio comunicativos y sociedad civil en el Perú”.

El inicio del primer ensayo me pareció curioso. Empieza partiendo de la conocida frase de sentido que afirma que los “tiempos de crisis” constituyen “tiempos de oportunidad”. Digo que me parece curioso porque la USIL utiliza esta frase para promocionarse y la visión de la educación superior universitaria que Gamio defiende, tanto en sus clases (a las que asistí hace ya 5 años), como en su blog , es distinta a la que esta y otras universidades ofrecen (El asunto de la educación y las “universidades empresa”). Únicamente menciono esto por lo las extrañas coincidencias que a veces podemos encontrar. Terminó el paréntesis anecdótico.

La reformulación que Gamio hace de dicha frase de sentido común es la siguiente:

Los procesos de crisis constituyen oportunidades para crecer, para comprendernos como sociedad a la luz de nuestra historia -con sus grietas y conflictos- y para construir proyectos en común (21).

La tesis es que a partir de la experiencia de violencia y exclusión, que hemos vivido en las últimas décadas de violencia política, tenemos que hacernos una “fuente ético-espiritual para la conversión de nuestras creencias e instituciones políticas”. La CVR es el trabajo más polémico, a su juicio, en lo que a estos proyectos se refieren.

Las cifras de la CVR sé que ya son bastante conocides. Sin embargo, creo que es bueno añadir (una vez más) las que menciona Gonzalo en su texto: 69000 muertos, 90% de esas víctimas eran de las zonas más pobres del país y 75% eran quechuahablantes. Los testimonios que recopiló la CVR fueron 17 mil y muchos de ellos fueron de zonas donde el Estado prácticamente no existía. De ahí que una primera conclusión tentativa, al respecto de dicho trabajo es que sea un primer intento significativo por incluir al otro.

En efecto, “inclusión” constituye probablemente el concepto ético-político clave para comprender aquello que comisionados e investigadores han descrito como el proceso de reconciliación, la búsqueda de la regeneración del tejido social, la reconstrucción de las instituciones democráticas y la integración de los individuos tanto en la vida cívica como al interior de las comunidades locales que padecieron los efectos corrosivos de la violencia y el desamparo (22).

Las tareas, con todo lo complejas que puedan ser, son:

  • Esclarecimiento de la verdad.
  • Asignación de responsabilidades.
  • Reconstrucción de las instituciones.
  • Reconstrucción de los lazos comunitarios.

Estos desafíos son propios de la Justicia transicional (por la idea de estar en una transición hacia una democracia constitucional).

Ella exige que la re-fundación de nuestra república suponga realmente el reencuentro dialógico de las diversas culturas, idiomas y credos que componen el Perú (23).

Supongo que aquí puede notarse una aproximación al diálogo que está íntimamente a la hermenéutica filosófica de Gadamer (por poner el ejemplo paradigmático). Sin embargo, debe notarse cómo es que dichas categorías se están pensando desde un orden democrático y liberal. Digo esto para marcar la diferencia con los “hermenéutas posmoderno-reaccionarios” (Perú y América Latina son expertos para generar híbridos contradictorios, por sus propios procesos) que nunca parecen abordar la hermenéutica como mucho más compatible con una democracia liberal pluricultural inclusiva (Al respecto, planeo intentar también el escribir unas entradas sobre la compilación de ensayos sobre hermenéutica hecha por Fidel Tubino y Cecilia Monteagudo titulada Hermenéutica en Diálogo. Ensayos sobre alteridad, lenguaje e interculturalidad).

La condición de posibilidad de dicha justicia es, en todo caso, recordar lo sucedido.

En este ensayo Gamio analizará cómo es que los espacios públicos de la sociedad civil poseen un rol específico dentro de este proceso de justicia transicional que busca consolidar una democracia constitucional inclusiva. Pero antes de hacer eso también nos dará algunas observaciones relativas a cómo ha sido la aproximación de nuestra “clase política” a dicho fenómeno, a partir de lo que el informe de la CVR declaraba. Para Gamio, la gran mayoría de políticos han evitado y eludido el asunto, buscando no profundizar en responsabilidades. Otros, los más conservadores, quieren “voltear la página”, al mismo tiempo que defienden a militares que tuvieron papeles decisivos en los lugares del conflicto, en lo que respecta a la violencia política. Gamio llama a estas visiones “política del silencio”, la idea aquí es “perdonar” sin investigar y sancionar. El argumento sería el siguiente: “En ese contexto se debía actuar de esa manera para defender a la sociedad. Si queremos el fin, entonces querremos los medios”. De ahí que no se les deba juzgar de una manera especial.

Gamio afirma que dicha postura fue asumido por la prensa, dando lugar a injurias y acusaciones sin fundamento hacia la CVR. Es interesante que Gamio hace referencia a Eduardo Hernando Nieto, considerándolo como representante de cierto sector intelectual conservadora que

(…) descargó toda esa retórica de viejo cuño contra el proyecto mismo de la justicia transicional; muchos de estos críticos habían colaborado devotamente con la aventura fujimorista (26).

A continuación voy a citar extensamente un párrafo donde Gonzalo sintetiza muy bien lo que, a grandes rasgos, concluye la CVR en lo que respecta a la responsabilidad y a los actores que participaron del conflicto:

Lo primero que hay que señalar es que la CVR no admite -en virtud del mandato que le dio forma, así como la naturaleza moral de sus fines- denunciar exclusivamente a uno de los perpetradores. Ella identifica, al PCP -Senderlo Luminoso como el promotor principal de la violencia y e terror, como el responsable de la mayor cantidad de pérdidas humanas, como autor de acciones terroristas, como un grupo fundamentalista y genocida. Reconoce también que las Fueras Armadas se enfrentaron a las organizaciones subversivas cumpliendo con su deber de asumir la defensa del Estado y la sociedad, que el cumplimiento de este deber supuso muchas veces el sacrifico heroico de sus efectivos. No obstante, la CVR ha podido constatar que en algunos lugares y en ciertos períodos, las fuerzas del orden cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos, acciones que obedecían a programas y estrategias que contaban con la anuencia de las autoridades militares, ante el silencio condescendiente de las autoridades civiles, renuentes a investigar dichos crímenes. Calificar estos delitos como simples “excesos” implica distorsionar voluntariamente el carácter premeditado y programado de estas acciones y promover la impunidad de los criminales.

Los subrayados de la última cita son míos, para enfatizar lo complejo que el diagnóstico. De esta manera evitamos caer en antítesis y maniqueísmos simplistas.

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