El sistema de legalidad en el Estado legislativo parlamentario según Carl Schmitt

1Continuo con los apuntes de tipo introductorio que empecé ayer del texto Legalidad y legitmidad del jurista Carl Schmitt, acerca de los tipos de Estado. Ahora quiero desarrollar los lineamientos conceptuales generales que se ven desarrollados en el primer capítulo del libro, que lleva prácticamente el mismo título que el de la entrada presente.

Una de las críticas al status quo de la época de Schmitt, que él mismo hace, es la que concierne a la equiparación que la ciencia jurídica y la moderna teoría del Estado, y del Derecho, realizan. Estas identidades a las que se llegan son las del tipo siguiente: Ley= Derecho; Ley= regulación estatal realizada con la cooperación de la representación popular;Ley= Estado. En conclusión, a la ley es a la que se debe obediencia: solamente hay legalidad, no autoridad.

De esto se desprende, y aca Schmitt parece seguir a Otto Mayer, que el últmo guardían del orden, del derecho, de la seguridad y de la legalidad es el legislador. Schmitt acusa al Estado legislativo de asumir, prácticamente en sentido metafísico (cfr. Teología Política), una armonía preestablecida entre el derecho, la justica y la legalidad. Pero el legislador, en un sentido ideal, es uno. Para Schmitt, la concurrencia de múltiples legisladores autodestruye el sentido profundo del Estado legislativo.

Hay una fe y confianza incondicional en la ley y la legalidad, así como en el procedimiento legislativo propio de dicho Estado. Para Schmitt este punto es esencial, ya que “esta confienza sigue siendo el presupuesto de toda Constitución que organice al Estado de Derecho en la forma de un Estado legislativo” (31).  La alta y absoluta dignididad de la ley depende, pues, de esta confianza en la justicia y en la razón del legsilador, además de todas las instancias que tienen que ver con los procesos y procedimientos característicos del estado legislativo.  Esto es interesante porque nos vincula la confianza en el proceso como un punto esencial para la conformación y mantenimiento de un tipo de Estado que se quiera lesgislativo. Ya sabemos cómo son esos índices de confianza en nuestro país.

Lo interesante es que Schmitt leva esta confianza en el procedimiento legislativo hasta sus últimas consecuencias. El contenido pasa a un segundo plano, lo que importa es la forma de legalidad, es decir, que respetemos el proceso. Al respecto la conclusión es tajante:

“(…) siempre que observe el procedimiento legislativo, el legislador puede hacer lo que quiera; esto siempre es ‘ley’ y siempre crea ‘Derecho'” (36).

Después de esto, no deja de verse que esta confianza en el procedimiento va de la mano con un principio democrático que, en el fondo, es incompatibe (o genera un inevitable impasse) con el liberalismo. Esta tesis nos invita a fuerte, y polémica, conclusión, ya que sostiene que la expresión “democracia liberal” tiene, en sus fundamentos ontológicos, fuertes problemas. Y estos se ven expresamente al ver los conflictos y problemas de tipo social, político y cultural que enfrenta el Estado legislativo, parlamentario, legalista y procedimentalista.

El elemento crucial, que señala Schmitt, de la democracia es el que concierne a la homogeneidad del δῆμος (Demo). El 9788498361216presupuesto fundamental para la democracia sería el de un pueblo similar en lo esencial, propiedades específicas que justamente garantizan, no solamente la igualdad, sino la justicia y la racionalidad de lo que puede llegar a expresar la voluntad general. Este pueblo se presume como bueno a priori. De ahí que su voluntad sea el móvil definitivo: “que se haga lo que el pueblo quiere”. Lo interesante es que cuando pasamos de una democracia directa a una demoarcia de tipo representativa, el parlamente se identifica o representa a la voluntad del pueblo. Pero los legisladores, como garantes de la legalidad, serán siempre reticentes a ser fiscalizados externamente, en cuanto a todo lo que concierna a la fiscalización judicial de las leyes.

Pero aquí viene lo mejor. Si se pierden los supuestos necesariamos, mencionados anteriormente, para que el gobierno parlamentario representativo pueda funcionar, lo que tenemos es una ceguera para la situación particular concreta. El ideal deviene en salvar el proceso y la ley “cueste lo que cueste”, ya que se pierde el contenido y tenemos pura forma. Un sistam tan formal, que quienes lo defienden se jactan de ello, pues lo consideran “neutro” e “impersonal”. A partir de aquí empieza la tiranía de la mayoría parlamentaria (¿A alguién le parece esto medianamente conocido?). “Ley” será lo que apruebe la mayoría parlamentaria del momento. Al respecto la tesis de Schmitt es lapidaria:

“Si el cuerpo parlamentario, sin tener en cuenta las cualidades de sus miembros, se limita a una mera función de registro del voto general de la mayoría, y renunciando a todo requisito ‘material’ de la ley, convierte en ley la resolución mayoritaria, entonces terminan todas las garantías de justicia y de racionalidad; pero al mismo tiempo, el concepto mismo de ley y la propia legalidad se convierten en nociones aritméticas para el cálculo de las mayorías, esto es, en nociones funcionalistas carentes de sustancia y de contenido. El 51 por 100 de los votos en las elecciones da por resultado la mayoría parlamentaria; el 51 por 100 de los votos del Parlamento produce el derecho y la legalidad; la confianza en el gobierno del 51 por 100 del parlamento produce el gobierno parlamentario legal” (42)

Luego de ese párrafo, me parece que viene la síntesis en la que Schmitt da cuenta de un problema fundamental y estrcutural de la democracia representativa:

“El método de formación de la voluntad por la simple verificación de la mayoría tiene sentido y es admisible cuando puede presuponerse la homogeneidad sustancial de todo el pueblo. En este caso, la votación adversa a la minoría no significa una derrota para esta, sino que el escrutinio permite simplemente poner al descubierto una concordancia y una armonía anteriores y que existían de forma latente. Puesto que, como ya se ha dicho, toda democracia se basa en el presupuesto de un pueblo unitario, integral, homogéneo e indivisible, no hay, en realidad, para ella en lo esencial ninguna minoría, y menos aún una mayoría compuesta por minorías fijas y constantes” (42)

Cuando leí esto, no pude dejar de pensar que justamente ese es el impasse estructural de una democracia representativa sin una nación homogenea, como la del Perú. De ahí que una imposición mayoritaria no sea necesariamente una maldad o una perversión del sistema. Todo lo contrario: desde Schmitt es la consecuencia inevitable si se tiene un modelo democratico representativo, un Estado legislativo que tiene como principio a la ley y al Estado de derecho. La democracia pluricultural no puede salir de la continua tensión existente entre lo que las minorías reclaman y lo que las mayorías imponen legalmente. Obviamente no pretendo zanjar la cuestión con Schmitt, ya que hay buenos intentos de hacer convivir multiculturalidad con Estado de derecho y liberalismo. Taylor y Habermas, por poner dos nombres, son claros ejemplos de intentos geniales para abordar dichos problemas. Al respecto, Schmitt vuelve a formular el impasse (que casi parece ser un análisis de nuestros conflictos coyunturales):

“Es que se presupone que, en virtud de la igualdad de lazos que liga a todos los integrantes de un mismo pueblo, todos quieren esencialmente lo mismo. Si se suprime el presupuesto de la homogeneidad nacional indivisible, entonces el funcionalismo sin objeto ni contenido, resultante de la verificación puramente aritmética de la mayoría, excluirá toda neutralidad y toda objetivida; será tan solo el despotismo de una mayoría cuantitativamente mayor o menor sobre la minoría vencida en el escrutinio y , por tanto, subyugada. Entonces se acaba la identidad democrática entre gobernantes y gobernados, entre los que mandan y los que obedecen; la mayoría manda y la minoría tiene que obedecer. Incluso dejará de existir la aditividad aritmética, porque razonablemente solo puede sumarse lo homogéneo” (43).

Esa última frase es crucial: no se pueden sumar esos votos porque no son conmensurables. Schmitt aquí abandona la idea de un posible consenso racional, de un posible diálogo fructífero entre paradigmas y cosmovisiones diferentes. La heterogeneidad sustancial de los pueblos no puede traer otra cosa que imposición.

En todo caso, el principio que falta explicitarse aquí, que Schmitt llama de “justicia material”, es el de la igualdad de chance para alcanzar mayoría. Es la idea, a grandes rasgos, de que toda propuesta podría “ganar”. Este “todos pueden”, principio de legalidad, tiene como consecuencia derogar todo derecho de resitencia y de rebelión, ya que “todo puede hacerse por la vía legal, hay procedimientos para todo”. Por eso es que el Estado legislativo no puede resolver bien los conflictos y la oposición que surge, ya que la materialidad de los principios y supuestos no es efectiva. Lo que prima es un fuerte formalismo. Por eso:

“La falta de contenido de la mera estadística de las mayorías quita a la legalidad toda fuerza de convicción; la neutralidad es, ante todo, neutralidad frente a la distinción entre lo justo y lo injusto” (45)

Aquí Schmitt piensa que el estado legislativo no admite ciertas situaciones como posibilidades y hace una especie de “prestidigitación formal”, es decir, redefine los conceptos políticos y jurídicos para que, bajo el Estado de derecho no hayan “tiranos”, ni “guerras”, sino, en este segundo caso, lo que tengamos son eufemismos del tipo “medidas de paz acompañadas de batallas de mayor o menor envergadura”.

El problema de la tiranía es muy interesante porque Schmitt nos recuerda en que la vieja tradición del derecho teníamos dos clases de tiranos:

1) Tyrannus ab exercitio: el que entró al poder legalmente u luego lo utilizó mal.

2) Tyrannus absque titulo: el que entro al poder ilegalmente. No importa si ejerce bien o mal el poder.

Schmitt piensa que ya no puede haber el primer tipo. La única manera de no ser legítimo es no acatar lo que la mayoría decide. Cito al respecto:

“(…) quien tenga esta mayoría ya no cometerá injusticias, pues todo lo que haga se convierte en Derecho y en legalidad. Como puede verse por estas consecuencias, el principio de un concepto de legalidad funcionalista y sin contenido conduce por sí solo ad absurdum” (46)

Pero es el siguiente prárrafo el que consuma las ideas acerca de la distinción que puede hacer el Estado legislativo entre lo legal e ilegal, una cita de anatño para nuestra propia situación particular:

“La pretensión de legalidad convierte en ‘ilegalidad’ a toda resistencia y a toda revuelta contra la injusticia y la antijuridicidad. Si la mayoría puede fijar a su arbitrio la legalidad y la ilegalidad, también puede declarar ilegales a sus adversarios políticos internos, es decir, puede declararlos liors-la-loi, excluyéndolos así de la homogeneidad democrática del pueblo. Quien domine el 51 por 100 podría ilegalizar, de modo legal, al 49 por 100 restante” (46).

La dominación de las mayorías se da en el partido que tenga mayoría en el parlamento. De ahí que la igualdad de chance se reformule para ser la igualdad de poder llegar a ser el partido dominante. Los partidos aceptarían ser minorías y no tener la dominación por el principio de poder llegar a ser ellos el partido dominante, algo similar, a mi juicio, a los subordinados militares que aceptan lo que se les ordene porque creen que algún día ellos podrán ser los que realicen esa dominación:

“La mayoría dejar repentinamente de ser un partido; es el Estado mismo” (49)

Lo que tenemos con esta consecuencia es, lo que Schmitt llama (brillantemente, a mi juicio), una “plusvalía política adicional”. Al respecto sostiene Schmitt:

“Esta necesidad hace que el partido que ostenta legalmente el poder, por el mismo hecho de poseer los medios del poder estatal, tiene que determinar y decidir por sí mismo la interpretación y el empleo de los conceptos de legalidad e ilegalidad en los casos de importancia política que se presenten. Este es un derecho suyo inalienable. Pero es igualmente un derecho inalienable de la minoría que aspira a obtener el poder estatal, habida cuenta del derecho a la igualdad de chance que se le reconoce, el poder juzgar no solo su propia legalidad e ilegalidad concreta, sino también sobre la legalidad y la ilegalidad de la parte contraria que se encuentra en posesión de los medios de poder estatal. Así, pues, el principio de la igualdad de chance no contiene en sus propios presupuestos internos ninguna respuesta al interrogante que se plantea en todo momento crítico, y que es prácticamente el único decisivo, acerca de quien dirime y decide, en caso de conflicto, las dudas y las diferencias de opinión” (53) (las negritas son mías).

El problema de la decisión, eje central en el pensamiento de Schmitt, vuelve a aparecer. Es el partido mayoritario de turno el que decide. Es en el estado de excepción donde el partido mayoritario suprime la igualdad de chance. La conclusión del capítulo nos lleva a eso:

“Finalmente, cuando se ha llegado a estos extremos, lo único que cuenta es quién tendrá en sus manos el poder legal, en el momento en que se lance por la borda todo el sistema de la legalidad, para establecer después su poder sobre nuevas bases” (58)

Sintetizando, a modo de conclusión, como hay cierto impasse estructural en los supuestos del estado legislativo, a través de la configuración de una democracia liberal con un parlamentarismo donde impera el Estado de derecho y la ley. Cuando se quiere llevar el procedimentalismo al extremo se cae en la ausencia de un compromiso sustancial o material en la ley. Si a esto añadimos mayorías democráticas que no tienen como fundamento a la homogeneidad sustancial y unitaria de un pueblo, lo que tendremos es que la mera mayoría aritmética decidirá qué es lo legal, a costa de las mayorías. Esto es bastante crítico en el caso de Países como el nuestro donde reina una rica heterogeneidad y pluriculturalidad, al punto de hacer difusa vínculos claros y significativos de nacionalidad. De ahí que el puro procedimentalismo representativo devenga tiranía de mayorías y, además, el criterio demarcatorio entre lo legal e ilegal. Como consecuencia, el partido mayoritario en estado de excepción es el que decide.  Las preguntas que nos surgen, para no caer en fáciles justificaciones de la violencia del Estado para con sus disidentes deben ser las siguientes:

¿Qué es el estado de excepción? ¿Cómo podemos entenderlo? Acá debe de abordarse, previamente, la cuestión de si es pensable o es un mero caso extremo de ideal regulativo.

¿Es posible la conmensurabilidad entre comunidades con concepciones del mundo y principios ontológicos distintos? ¿De qué tipo podría ser el acuerdo o consenso, si es que conmensurabilidad es posible?

¿Qué hacer si es que no es posible? ¿La consecuencia inevitable sería partir las naciones en pequeños Estados homogéneos con el fin de tener una democracia representativa y parlamentaria?

¿O acaso debemos abandonar esa definición schmittiana de democracia en pro de otra, con el fin de poder disolver el impasse que nos señala Schmitt? ¿Cuál sería esa definición que superaría el impasse?

Espero poder abordar algunas de esas cuestiones más adelante. La pregunta fundamental que subyace es, en momentos de excepción, ¿Quién decide?

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8 responses to “El sistema de legalidad en el Estado legislativo parlamentario según Carl Schmitt

  • Raúl E. Zegarra Medina

    Este post me parece bastante interesante, me sorprende que no haya recibido comentarios aún. Me animo a hacer algunos por ambas razones.

    Lo primero es que la posición de Schmitt tal como la presentas es sugerente y a la vez problemática desde el punto de vista teórico y propositivo. Me concentraré en la parte crítica al sistema democrático, que convoca mi interés en sus puntos fuertes, para luego poner de manifiesto los errores de percepción que me parece identificar, según mi acercamiento a través de tu exposición.

    Concuerdo con el autor sobre los riesgos potenciales del sistema de representación en sociedades heterogéneas. En efecto, se hace evidente que ante grupos humanos muy diversos la mera estructura formal del sistema democrático de toma de decisiones es insuficiente. El desatender el contenido, la “narrativa” de vida, para usar una expresión de común a McIntyre y Taylor, se convierte en una forma compleja de ejercer el poder (‘El perro del hortelano’ es un excelente ejemplo). Las críticas que se pueden hacer al sistema liberal por los llamados “comunitaristas” (conozco la reflexión en teoría política por la vía anglosajona, básicamente) identifican bien el problema. Es más, en un ya antiguo artículo de Miguel Giusti, se expone con claridad el papel encubridor del liberalismo, que puede ser una forma de autoritarismo velado, una suerte de imperialismo de la forma para ponerle un nombre más cercano a la idea de Schmitt (cf. Giusti, M. “El comunitarismo: ¿’enemigo principal’ del liberalismo?”. En: Alas y raíces). Creo que aquí tu autor apunta bien a un problema fundamental; sin embargo, me parece detectar ciertos vicios en el argumento que paso a detallar.

    Mi impresión es que Schmitt mezcla diferentes elementos de la teoría liberal democrática y que, en ese sentido, le quita fuerza a su propia crítica. En todo caso, creo que el liberalismo democrático (y aquí insisto en algo que Gonzalo Gamio siempre recuerda en su blog: el liberalismo no es la tradición de la imposición feroz y unilateral del mercado) tiene elementos suficientes para responder a la crítica de Schmitt con coherencia interna y suficiencia argumentativa. Anticipo que basaré mis afirmaciones en la propuesta teórica de John Rawls. Por un lado, noto una suerte de confusión de esferas en lo relativo a la confianza en el legislador. Creo que aquí hay un error, o al menos un estrechamiento de la mirada desde la formulación teórica del problema. Como sabemos el sistema contractual, que es el argumento teórico detrás de la estructuración del Estado liberal democrático, más que la idea de confianza que supone Schmitt, implica la hipótesis del mejor sistema de gobierno dadas ciertas condiciones (Cf. Teoría de la Justicia. La sección III: “La posición original”). En ese sentido, esa suerte de presupuesto metafísico de la confianza no yace en el legislador, sino en la legitimidad de un sistema democrático que podría ser aceptado por todos. Esto tiene sus propios problemas, pero, en todo caso, tiene un origen distinto al supuesto que asume Schmitt.

    A esto se añade otro vicio más expreso en su crítica, relacionado al modo en que se concibe al legislador o al procedimiento legislativo como una suerte de imposición legitimada. Cito: “(…) siempre que observe el procedimiento legislativo, el legislador puede hacer lo que quiera; esto siempre es ‘ley’ y siempre crea ‘Derecho’” (36). Como es evidente, esto no se sostiene. Todo sistema de representación que no sea un absolutismo hobbesiano (a veces pienso que Schmitt está pensando más en Hobbes que en el liberalismo – y republicanismo- más condensado y mejor constituido que le siguió) tiene mecanismos de control que derivan del presupuesto teórico al que hice referencia: la igualdad formal y la búsqueda de igualación material (el principio de la diferencia de Rawls). En ese sentido, esa absolutización del poder de las decisiones tomadas por la mayoría parlamentaria no parece sostenerse más que como una postulación interesada de Schmitt.

    Por las mismas razones, sostengo que su apelación al demos griego es históricamente cierta, pero teóricamente inválida. Es verdad que el buen funcionamiento de la democracia implicó en sus orígenes una población pequeña y (digamos) homogénea, H. Arendt ha estudiado bien el problema. Sin embargo, que esto sea cierto no es una condición para sostener cosas como estas: “Si el cuerpo parlamentario, sin tener en cuenta las cualidades de sus miembros, se limita a una mera función de registro del voto general de la mayoría, y renunciando a todo requisito ‘material’ de la ley, convierte en ley la resolución mayoritaria, entonces terminan todas las garantías de justicia y de racionalidad; pero al mismo tiempo, el concepto mismo de ley y la propia legalidad se convierten en nociones aritméticas para el cálculo de las mayorías, esto es, en nociones funcionalistas carentes de sustancia y de contenido” (42). Rawls fue muy claro al respecto: 1. La teoría de la justicia es sólo un mecanismo hipotético de representación que tiene como finalidad representarse un tipo de Estado; 2. Ese Estado es el liberal democrático: aquel que supone, justamente, la convivencia de diferentes formas de ver el mundo; 3. Por ello, el liberalismo asume en su integridad el ‘requisito material’ al considerarlo como esencial en la configuración democrática; 4. De ahí se sigue que las decisiones parlamentarias sean la manifestación de esa materialidad (el pluralismo razonable de Rawls).
    Ahora bien, es evidente que eso no implica necesidad. Recordemos que aquí hablamos de teoría de la justicia, i. e., de una propuesta deontológica y no de un descripción de hechos. Sin embargo, se trata de un sistema perfectible que incorpora en su seno mecanismos de control y de diálogo ‘material’ y que está muy lejos de ser la mera sumatoria que supone Schmitt. Es cierto que puede serlo muchas veces y que se convierte en un negociado aritmético, pero eso es parte del mismo juego democrático que no es otro que el de las tensiones de la vida misma. No obstante, las garantías que un sistema formal puede ofrecer para cautelar lo ‘material’ son, precisamente, su principal ventaja desde el plano teórico y desde el práctico.

    He quedado bastante interesado en las críticas de Schmitt, a quien leeré en cuanto pueda para hacer un trabajo crítico más sólido. Mi impresión es que su valor radica más en la crítica a las consecuencias prácticas, tema en el cual se le puede dar razón; sin embargo, me parece que hay insuficiencias teóricas que he tratado de indicar y que me gustaría que precises. Finalmente, reconozco que he obviado otros temas de tu post, pero era muy extenso y el comentario ha salido ya casi del mismo tamaño. Volveremos sobre lo que creas pertinente cuando respondas.

    Un abrazo.

  • Erich Luna

    Hola Raúl.
    Muchas gracias por comentar y disculpa la demora. He estado en estos días con una serie de ocupaciones.

    Creo que no me has leído bien: Schmitt no sostiene que la confianza es en el legislador, sino en la ley, en el proceso legislativo. Esa es, a grandes rasgos, la definición 1.0. de Estado de derecho: priman las leyes, procesos y normas impersonales, no las personas. El vicio no es de Schmitt, sino de tu lectura.

    La segunda crítica no me parece del todo correcta. Schmitt no está diciendo que un legislador puede hacer lo que le da la gana, lo que dice es que puede hacer lo que quiera, mientras cumpla los procesos, procedimientos, normas y leyes. Democráticamente uno podría hacer legal políticas educativas, sanitarias y demás que no necesariamente tienen que ser “las mejores”.

    Ese principio de Rawls al que aludes no es tan viejo como el texto de Schmitt, no te pases. También podrías añadir a la bolsa el principio de compensación, según el cual los individuos mejor dotados deben buscar el bienestar de los menos dotados. Pero Rawls está hablando en un sentido puramente formal y normativo, no estpa describiendo instituciones efectivas en teoría de la justicia. Schmitt se basa en lo que sucediía, por ejemplo, en la República de Weimar. No vale pues, decir que el liberalismo no dice eso. Es como decir que Marx tiene cero culpa de sus hijos soviéticos, chinos, cubanos y demás. Hay grados.

    Rawls obviamente trata de buscar mecanismos para frenar a la mayoría, pero Schmitt considera que eso no elimina el problema. Y es que, como vimos, el punto en cuestión es el supuesto de la homegeneidad sustancial de un pueblo para que por mayoría pueda decidir lo mejor para él. Pensar en individuos formales que razonan como lo exige Rawls es un presupuesto bien fuerte, ya que la racionalidad que, para empezar, él presupone es la de la economía de su época. De hecho si lees TJ verás que Rawls dice que esto complementa o va de la mano con la teoría de la elección racional. Intentos como los de Habermas para no reducir al ser humano y a la esfera pública a operar bajo esa lógica y racionalidad me parecen más interesantes, aunque igual de problemáticos.

    Toda tu enumeración rawlseana solamente exige que el parlamento represente. Pero a la hora de la hora cómo se toman las decisiones… ¿por mayoría? ¿por mayoría calificada? Estamos hablando aquí del proceso.

    Estoy de acuerdo con que Rawls es deontología, por eso no me parece muy conmensurable con Schmitt. Rawls puede disertar todo lo que quiera desde el salón de clases sobre cómo debería ser el liberalismo, sabemos que de facto no es así (y quizá nunca lo sea). Schmitt trata de mostrar el procedimiento jurídico que ve en los Estados que han existido y que se han jactado de ser liberales, democráticos, legislativos y parlamentarios. Y es a partir de dicha experiencia que muestra sus impasses.

    No pretendo desmerecer a Rawls, no he leído aún toda la TJ (habré revisado unos 2/3) y me parece un libro brillante. Sin embargo, el diagnóstico de Schmitt no creo que pueda criticarse desde lo que un liberal dice que debería ser el liberalismo. Dicho sea de paso, y esto deberá ser motivo de otro post, Schmitt piensa que en realidad haber juntado el liberalismo y la democracia, generando democracias liberales no ha sido algo tan armónico en términos conceptuales, jurídicos e históricos. es casi como si hubiésemos mezclado cosas que normalmente no irían juntas.

    El propósito de Rawls es encontrar una teoría política que pueda reemplazar al utilitarismo de su época. El problema de Rawls es cómo hacer que la mayoría no se imponga sobre la minoría. Por eso es que distingue entre principios de justicia, señalando que no se pueden negociar principios a cambio de bienestar material, así como no se puede decidir por mayoría eliminar a una minoría.

    Schmitt escrbió este texto en 1932, Rawls escribio Teoría de la justicia en 1971. Creo que esas 4 décadas son un cambio de contexto social, cultural, político e histórico fuerte, además de obviamente estar mediada por desarrollos en el campo de la teoría política importantes. No creo que es justo exigir a Schmitt pensar la economía como la piensa Rawls post Escuela de Chicago, así como la política post Segunda guerra mundial y hegemonía norteamericana.

    Seguimos,

    • Carlos Eduardo

      Hola Erich,

      Habría que resaltar, tal como ha reconocido Gonzalo Gamio, que no ha habido hasta el momento una respuesta contundente al “estado de excepción” desde el liberalismo (salvo las críticas de Habermas, Rawls y Agamben). Para los liberales la excepción es un asunto “que no se ha tomado con suficiente atención”. Pero para Schmitt, como para los conservadores, es evidentemente un vacío que el liberalismo jamás podrá responder, ya que coloca a la legalidad como solución, cuando el problema de fondo es la neutralización de la decisión soberana (es decir, individual) con la normatividad del Estado de Derecho.

      cordiales saludos.

    • Raúl E. Zegarra Medina

      Procederé a seguir tus comentarios y responderlos uno por uno:

      Los errores en la lectura parecen mutuos, pero de todos modos en tu primer punto no parecen tan relevantes. Mi referencia al legislador está debidamente acreditada con la cita que coloqué; luego, mi apelación al mismo es en el sentido que he explicado y mi punto no se invalida formalmente, como pretendes en tu respuesta.

      “La segunda crítica no me parece del todo correcta”. Bueno, quizá no te guste la formulación, pero mi punto sostiene exactamente lo que ahí dices y, sin embargo, eso no quita la insuficiencia del argumento que me parece ver en Schmitt.

      “Ese principio de Rawls al que aludes no es tan viejo como el texto de Schmitt, no te pases”. Eso es correcto, pero no implica mayor problema por lo siguiente: mi referencia a Rawls no es porque se trate de un contemporáneo a Schmitt (aunque Teoría de la Justicia es de 1971 y tu autor muere en el 85, así que sospecho que por la importancia mutua, se deberían haber leído…no sé si tienes información al respecto. Yo sólo conozco un artículo de estudio serio, al cual ya te hice referencia por otro medio); sino por tu traslape de conceptos schmittianos a la realidad peruana. Partiendo de esa asociación libre, consideré pertinente hacer una crítica en los mismos términos de libertad contextual.

      “Pensar en individuos formales que razonan como lo exige Rawls es un presupuesto bien fuerte, ya que la racionalidad que, para empezar, él presupone es la de la economía de su época. De hecho si lees TJ verás que Rawls dice que esto complementa o va de la mano con la teoría de la elección racional”. Estoy de acuerdo, pero a Rawls hay que leerlo con un aliento más largo que en TJ. Como sabes, en Liberalismo Político el recusa esa aproximación reduccionista, así que el problema queda resuelto. Precisar posiciones es un acto de honestidad intelectual muy valioso. Dicho eso, su concepción del sujeto me parece respetable para los fines a los que aspira en su teoría de la justicia para un pluralismo razonable y no conozco aún, aunque quizá por no conocer el tema tan bien como tú, una postura mejor articulada que la suya.

      Quedo al pendiente de tu post sobre las incongruencias conceptuales entre liberalismo y democracia, me parece un tema interesante.

      En las demás cosas, estoy de acuerdo. Son autores que responden a problemas diferentes y que tienen marcos teóricos distintos. Lo sé y lo supe cuando te escribí. Como indiqué líneas arriba, mi intención fue sólo proponer una mira crítica a tu uso de Schmitt para un diagnóstico sobre procesos tan lejanos como los nuestros. Como tus comentarios sobre el Perú fueron sólo asociaciones y menciones generales, aproveché ese ámbito de legitimidad para hacer críticas igualmente generales desde el liberalismo de Rawls.

      Buenas respuestas, con esa acidez tuya tan divertida! Ahora toca que leas Sagrada Anarquía para conversar un poco más en “mi cancha”😛

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